Harrisburg - 25 de abril de 2017 - Una transferencia de $ 15 millones para ayudar temporalmente a la tramitación de las solicitudes de indemnización por desempleo, eliminar los atrasos y dar lugar a la contratación de 200 trabajadores despedidos el año pasado fue promulgada como Ley 1 ayer por la tarde por el gobernador Tom Wolf, dijo hoy la senadora estatal Christine Tartaglione (D-Filadelfia).
Tartaglione, presidente demócrata de la Comisión de Trabajo e Industria del Senado, fue citado por el gobernador junto con otros líderes de la Comisión de Trabajo por su labor en la tramitación de la medida (proyecto de ley 250 del Senado) en la Asamblea General.
El embrollo de financiación que puso en peligro el sistema de reclamaciones, creó retrasos, cerró centros de llamadas y provocó el despido de 500 trabajadores de los centros de llamadas en diciembre surgió cuando los legisladores republicanos cuestionaron cómo se habían utilizado las transferencias de financiación anteriores al Fondo de Mejora de Servicios e Infraestructuras (SIIF).y
Tartaglione emitió la siguiente declaración en relación con el arreglo temporal de financiación aprobado por el gobernador:
"Los 15 millones de dólares de financiación temporal permitirán recontratar a 200 trabajadores, reducir los tiempos de llamada y mejorar el acceso al sistema de reclamaciones. Sin embargo, todos reconocemos que se trata de una solución a corto plazo y que todos tenemos que volver a trabajar para garantizar que haya recursos disponibles para tramitar las solicitudes y ayudar a los desempleados a largo plazo.
"Durante demasiado tiempo, el sistema estuvo en entredicho por la cuestión de la financiación y los hombres y mujeres que perdieron su empleo tuvieron que superar obstáculos aún mayores para acceder a las prestaciones. No podemos permitir que esta situación se repita. Por eso me complace que estemos trabajando en una solución a largo plazo de forma bipartidista."
El Auditor General del Estado, Eugene DePasquale, ha hecho pública hoy su auditoría del SIIF. Ha indicado que, aunque se han introducido mejoras en el sistema, no se han utilizado los métodos contables adecuados y ha faltado supervisión. Su auditoría reveló que se necesitan fondos estatales adicionales para mantener los centros de llamadas de la U.C. operativos y funcionando a niveles aceptables.
Dijo que el Departamento estatal de Trabajo e Industria indicó que necesitaba 159,5 millones de dólares en fondos durante los próximos cuatro años para mantener el servicio y modernizarlo. Señaló que durante el estancamiento de la financiación del SIIF, se produjeron grandes retrasos y señales de ocupado en el 99,3 por ciento de las llamadas a los centros de llamadas.
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