by Jessica Marpe | Marzo 21, 2023 | News Releases
Harrisburg, PA- 20 de marzo 2023 - El senador estatal Katie Muth (D-Chester / Montgomery / Berks), Presidente del Comité de Política Demócrata del Senado, y el Presidente del Comité de Política Demócrata de la Cámara Ryan Bizzarro (D-Erie) se unieron a la senadora Christine Tartaglione (D-Filadelfia) y el representante Patrick Harkins (D-Erie) para co-anfitrión de una audiencia pública conjunta sobre la legislación que ampliaría la Seguridad Ocupacional y Salud (OSHA) protecciones a los empleados públicos en Pennsylvania.
La audiencia, celebrada hoy en el Capitolio del Estado en Harrisburg, contó con dos paneles de testimonios de ambos lados de la cuestión de la ampliación de las protecciones de OSHA a los empleados públicos en Pennsylvania.
"Todos los residentes de Pensilvania merecen un lugar de trabajo seguro y tenemos que asegurarnos de ampliar las protecciones de seguridad en el lugar de trabajo bajo la OSHA a los empleados públicos en toda la Commonwealth", dijo Muth. "Hay tantos empleados públicos que ponen sus vidas en la línea todos los días para proteger a nuestras comunidades, para mejorar nuestras carreteras, y para responder a las emergencias - estas personas merecen algo mejor y merecen protecciones de seguridad en el lugar de trabajo."
La OSHA fue creada en 1970 por el Congreso de Estados Unidos para garantizar condiciones seguras a los trabajadores y trabajadoras. La OSHA cubre a la mayoría de los empresarios y trabajadores del sector privado en los 50 estados, ya sea directamente a través de la OSHA federal o a través de un plan estatal aprobado por la OSHA. La protección de la salud y la seguridad en el trabajo en virtud de la OSHA no cubre automáticamente a los empleados del sector público de las administraciones estatales y municipales.
"Como hemos escuchado hoy, el derecho de los trabajadores a saber que están seguros y protegidos en sus puestos de trabajo no debería depender de para quién trabajan", dijo el senador Tartaglione. "Tenemos que aprobar el proyecto de ley del Senado 93 para asegurar Pennsylvanians todos tienen protecciones de OSHA, independientemente de su empleador."
Los Estados tienen que optar por ampliar estas protecciones, y más de la mitad ya lo han hecho a través de "planes estatales" aprobados por la OSHA que permiten a los Estados gestionar sus propios programas de salud y seguridad en el lugar de trabajo que cubren a los trabajadores del sector público y/o privado; Pensilvania no es uno de esos Estados. El proyecto de ley 93 del senador Tartaglione establecería la Junta de Revisión de Seguridad y Salud en el Trabajo de Pensilvania en el Departamento de Trabajo e Industria y ampliaría las normas de seguridad de la OSHA a los empleadores públicos.
"Hemos oído el clamor de que los municipios no pueden permitírselo, y mi respuesta siempre ha sido: ¿qué precio estamos poniendo a la vida humana?". dijo el diputado Pat Harkins. "Es realmente una vergüenza que no podamos permitirnos proteger a nuestros trabajadores. ¿Dónde está la justicia y dónde está la oportunidad para la justicia? Por eso estoy impulsando el proyecto de ley 299".
El representante Harkins ha presentado el proyecto de ley 299 de la Cámara de Representantes, el proyecto de ley sobre la seguridad de los trabajadores Jake Schwab, que también ampliaría las protecciones de la OSHA a los empleados del sector público en Pensilvania. El proyecto de ley del representante Harkins fue nombrado en memoria de Jake Schwab, residente de Erie, que fue fatalmente herido en el trabajo en 2014 trabajando como mecánico con la Autoridad Metropolitana de Tránsito de Erie, un empleador del sector público exento de las regulaciones de OSHA.
"La audiencia de hoy ha arrojado luz sobre la necesidad de garantizar las condiciones de seguridad para casi 600.000 trabajadores del sector público en Pensilvania", dijo el presidente del Comité de Política de la Mayoría de la Cámara, Ryan Bizzarro. "Los trabajadores del sector público no pueden y no deben seguir siendo tratados como empleados de segunda clase. Ha llegado el momento de ampliar las protecciones de la OSHA para todos los trabajadores del sector público."
Participaron en la audiencia Keith Wentz, Director de Gestión de Riesgos de la Asociación de Comisarios de Condados de Pensilvania; Angela Ferritto, Presidenta de AFL-CIO de Pensilvania; Arthur Steinberg, Presidente de la Federación Americana de Profesores de Pensilvania; y J. David Henderson, Director Ejecutivo del Consejo 13 de AFSCME.
"Cientos de miles de trabajadores del sector público de Pensilvania no cuentan con las mismas protecciones de seguridad que sus homólogos del sector privado por una sencilla razón: Las normas federales de la OSHA no se aplican al sector público. Pero además de no contar con la protección de las normas de seguridad de la OSHA y de las inspecciones periódicas, estos trabajadores no disponen de las protecciones de los denunciantes que necesitan para protegerse de las represalias si denuncian condiciones de trabajo inseguras", añadió la senadora Lindsey Williams (D-Allegheny). "Eso significa que un empleado puede ser despedido, tener sus horas reducidas, o sufrir otras consecuencias adversas simplemente por usar el único recurso que tienen para mantenerse a salvo en el trabajo-su voz. Debemos hacer más para proteger a los trabajadores del sector público de Pensilvania. Eso significa extender las normas de la OSHA a los trabajadores del sector público y reforzar la protección de los denunciantes para TODOS los empleados, tanto del sector público como del privado."
Todos los testimonios presentados en la audiencia y el vídeo completo están disponibles en SenatorMuth.com/Policy
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by Christin Brown | Junio 27, 2022 | feature, News Releases
HARRISBURG, Junio 27, 2022 − Seven members of the Pennsylvania Senate Democratic Caucus circulated a memo on Viernes afternoon to take steps to codify into state law the personal right to make decisions about health and reproduction, including access to safe and legal abortions.
The co-sponsorship memo was circulated by state Senators Katie Muth (D- Montgomery/Chester/Berks), Amanda Cappelletti (D-Montgomery/Delaware), Lindsey Williams (D-Allegheny), Maria Collett (D-Bucks/Montgomery), Judy Schwank (D-Berks), Christine Tartaglione (D-Philadelphia), and Carolyn Comitta (D-Chester).
“The Supreme Court decision handed down on Viernes was not made in the interest of the people and shows that the highest court in our nation has a majority that is being run by harmful right wing special interests,” Muth said. “If we cannot trust the Court to protect the rights of Pennsylvanians, then it is up to us in the state legislature to defend our rights to make decisions about our own bodies. We cannot and we will never back down in the fight to protect our rights, our bodies, and our right to choice.”
The legislation comes on the heels of the devastating ruling handed down by a partisan Supreme Court on Viernes that overturned the 1973 Roe v Wade ruling and eliminates the constitutional right to an abortion after almost 50 years.
“Codifying Roe will go a long way to protect the right to determine our own bodily autonomy here in the Commonwealth. Currently, the right to make decisions about our own bodies is under threat because extremists refuse to accept the reality that abortion is a necessary and vital health care procedure,” Cappelletti said. “We must do all that we can to protect and even expand access, and this legislation is the first step to doing so.”
In 1973, the U.S. Supreme Court ruled in Roe v. Wade that abortion rights being left to the individual states was a violation of the right to privacy and equal protection under the law. This ruling had provided American women the reproductive freedoms and personal health choices they deserve as equal citizens.
“Last week’s Supreme Court ruling took away the federal right for millions of Americans to seek life-saving reproductive healthcare. Abortion is only legal in Pennsylvania right now because the anti-choice bills run by Republicans in the legislature have been vetoed by the governor. The time is now to codify Roe into state law to ensure that reproductive healthcare remains safe and accessible for future generations,” Williams added. “Deciding if, when, and with whom to start or grow a family is a human right. I trust people to make the best decisions about their lives, families and their healthcare. This legislation is about our right to privacy and our right to bodily autonomy and I am proud to support it.”
In the dissenting opinion filed on Viernes, Supreme Court Justice Stephen Breyer wrote that “withdrawing a woman’s right to choose whether to continue a pregnancy does not mean that no choice is being made. It means that a majority of today’s Court has wrenched this choice from women and given it to the States. To allow a State to exert control over one of “the most intimate and personal choices” a woman may make is not only to affect the course of her life, monumental as those effects might be.”
“After nearly 50 years of legal precedent, we are seeing nothing less than a rollback of our fundamental rights to bodily autonomy. This ruling could be devastating to Pennsylvanians, but it does not have to be,” Collett added. “Our legislature must codify Roe v. Wade and ensure safe, legal, and accessible reproductive care for everyone, regardless of their income level or other social barriers.”
According to Abril 2022 polling done by Franklin & Marshall College, which has regularly polled on the issue since 2009, only 16 percent of Pennsylvanians believe that abortion should be illegal in all circumstances.
“Without Roe, state legislatures across the country will be lining up to restrict, ban or protect abortion access. Given that only 30% of Pennsylvanians agree with the overturning of Roe, I believe this legislation will do what our constituents expect us to do – protect access to abortion,” Schwank said. “We can’t allow the people of this commonwealth’s personal health care decisions to be made by a vocal minority.”
The Senators all agree that it is up to the legislature to step up and take action to protect women’s freedom of choice.
“While abortion currently remains safe and legal in Pennsylvania, we must take steps to keep it that way. In overturning Roe v. Wade, the Supreme Court showed just how fragile protections for women’s health, women’s rights, and women’s choice are,” Comitta said. “Codifying these protections into law is a matter of representing the majority of Pennsylvania voters who believe abortion should be legal, standing up for all women, and saying no to an extremist agenda of government-mandated pregnancy.”
The Senators indicated that language is currently being drafted to codify the protections of the 1973 Roe v Wade ruling into Pennsylvania law and that it will be introduced soon.
“We just witnessed an unprecedented repeal of the rights of women in America by activist justices acting against the interest of the majority of Americans. Pennsylvania’s legislature needs to act now to ensure we protect the rights of women here in Pennsylvania,” Tartaglione said. “This legislation will ensure women retain the right to safe abortions and protects women from having the government interfere in the private decision-making process between her and her healthcare team.”
Click here to read the co-sponsorship memo that was circulated on Viernes.
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by Christin Brown | Junio 24, 2022 | feature, News Releases
Harrisburg − Junio 24, 2022 − Co-chairs of the Pennsylvania Women’s Health Caucus (WHC) and members of the Pennsylvania State Senate Democratic Caucus criticized today’s ruling by the U.S. Supreme Court on Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization. The ruling by the court not only upheld a Mississippi law banning abortion after 15 weeks but also goes further and overturns both Roe v. Wade and Planned Parenthood v. Casey, opening the door for states to outright ban or severely restrict abortion.
The ruling eliminates the constitutional right to an abortion recognized by the 1973 Roe v. Wade decision. Since a draft of the opinion written by Justice Samuel Alito was leaked and its authenticity subsequently confirmed by the court, advocacy groups, elected officials, and stakeholders have been issuing dire warnings about what such a radical decision would mean and the detrimental impact it would have on the health of millions of Americans.
After today’s decision, the 13 states that passed trigger laws now have bans or severe restrictions already enshrined into law, leaving millions of Americans without access to abortion immediately. Arkansas, Idaho and Oklahoma law now criminalizes abortion with penalties ranging from 5 to ten years in prison.
“The Supreme Court’s decision is absolutely gutting and a severe blow to women across the country,” said WHC co-chair Sen. Judy Schwank (D-11th). “We have a maternal mortality crisis in the commonwealth and the U.S. that will only be furthered by this reckless and ideologically driven decision. Our goal now needs to be preserving the access Pennsylvanians currently have to reproductive health care that will no doubt be subject to renewed attacks in the state legislature.”
“The overturning of Roe v. Wade is a devastating decision that will impact millions of women and child-bearing individuals across the country,” said WHC co-chair Sen. Amanda Cappelletti. “Women and child-bearing individuals are not second-class citizens. Bodily autonomy is a human right and abortion is still legal in Pennsylvania. I will do everything in my power to ensure it stays that way here in our commonwealth.”
“Despite today’s decision, here in Pennsylvania, we have to ensure that we maintain the right to legal and safe abortion access and that we continue fighting for women and families across the state for this option,” said WHC co-chair Rep. Morgan Cephas (D-192nd). “Limiting access to abortion healthcare will only exacerbate the maternal health care deserts that we’ve seen across our state and worsen the burden of the decisions that women and families need to make during this challenging time in their lives.”
“This decision is not only an extreme disappointment, but it is completely out of step with what the majority of Americans support, including here in Pennsylvania,” said State Senate Democratic Leader Sen. Jay Costa (D-43rd). “When reproductive rights are threatened, women’s health care on all levels is at risk. Instead of restricting health care for women, Senate Democrats are committed to making the healthcare system work even better for women and their specific health needs. Instead of stripping women of their rights and opening the door for others to lose fundamental rights as well, Senate Democrats will use our positions to identify real health challenges and solutions for women in this Commonwealth. Proactive, unbiased, convenient, and supportive healthcare should easily be a reality for women, and we will continue to make it a priority.”
“It’s a very scary day for our country,” said Sen. Katie Muth (D-44th). “This decision shows that the highest court in the land now includes radical politics into their decision-making process. This is what happens when the bench is stacked by a President who was unfit to serve the public. Now, we must take our anger and turn it into action, and hold every elected official accountable because we will never back down in the fight to protect our rights, our bodies, and our right to choice.”
“While this decision was expected, it is no less devastating,” said Sen. Maria Collett (D-12th). “Without Roe, what happens in the Pennsylvania legislature is more important than ever, and members of the Republican majority have already moved unpopular bills that turn back the clock and effectively ban all abortion. We need to be expanding access to healthcare across our commonwealth, not eliminating it, and I will continue to fight to ensure women can control their own medical decisions.”
“Fundamentally, the SCOTUS’ decision to overturn Roe v. Wade is an attack on every person’s constitutional right to make decisions about their bodies and reproductive health,” said Sen. Tim Kearney (D-26th). “Research shows that limiting access to abortions will cause more harm, inequities, and possibly deaths—especially for the poor and communities vulnerable to health disparities or lack of adequate healthcare. Now Pennsylvania must take the necessary steps to protect abortion rights. The onus will fall on our Commonwealth, and voters this coming election to select candidates whose policy positions align with their own. We must do what we can to ensure that Pennsylvanians continue to have access to safe and legal abortions.”
“To say I am disappointed in this decision would be a tremendous understatement,” said Sen. Carolyn Comitta (D-19th). “This ruling from the Supreme Court is a blatant attack on the personal freedoms, reproductive rights, and access to healthcare of women across the nation. Abortion is healthcare. Decisions women make about their own bodies should only be between them and their doctors. Today’s ruling will stand as an organizing call to redouble our efforts to protect reproductive rights and access to vital women’s healthcare in Pennsylvania and across the U.S.”
“I am appalled and disappointed in the Supreme Court for overturning decades of precedent and nearly overnight rolling back generations of work that had been hard-fought and won,” said Sen. Christine Tartaglione (D-2nd). “Make no mistake, the Supreme Court today did not end abortions in the United States, they ended safe abortions in the United States. We must now continue the fight that so many have been fighting for years and elect pro-choice, pro-women candidates this fall. We must now act to ensure and enshrine in Pennsylvania law the right to access abortion care for all women.”
Collectively, the WHC co-chairs are now expressing the importance of organizing around abortion rights and moving to preserve the access to abortion that is currently available in Pennsylvania.
As of now, abortion remains safe and legal in Pennsylvania, however, Pennsylvania House and Senate Republicans have signaled they will move aggressively to ban or restrict abortion in the commonwealth.
They’re currently floating the possibility of moving a vaguely worded constitutional amendment stating that there is no constitutional right to an abortion in Pennsylvania through both chambers to circumvent a veto. The constitutional amendment could be placed on the ballot as early as the 2023 primary election.
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por Christin Brown | 25 de mayo de 2022 | Comunicados de prensa
HARRISBURG - 25 de mayo de 2022 - Hoy, los demócratas del Senado de Pensilvania escribieron la siguiente carta a los líderes republicanos en respuesta a la violencia desenfrenada con armas de fuego y los tiroteos masivos que se han vuelto demasiado comunes en los Estados Unidos. Sólo este año, 215 tiroteos masivos han tenido lugar en el país, siendo el devastador tiroteo que ocurrió en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas, el 24 de mayo de 2022, el número 215.
En la carta, el grupo pide a la mayoría republicana que actúe sobre "una legislación y unos créditos razonables y responsables" que no infrinjan los derechos de la Segunda Enmienda pero que ayuden a mantener las armas alejadas de los malos actores y apoyen la prevención de la violencia armada. Los demócratas del Senado enumeran siete proyectos de ley que se han presentado para mitigar la violencia armada pero que se han quedado en comisión sin debatirse ni votarse. También destacan cómo los dólares del American Rescue Plan y el actual superávit presupuestario de Pensilvania pueden utilizarse para ayudar a las comunidades a prevenir la horrible violencia.
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by Christin Brown | Marzo 15, 2022 | News Releases
PHILADELPHIA, Marzo 15, 2022 – State Senator Katie Muth (D- Berks/Chester/Montgomery), Chair of the Pennsylvania Senate Democratic Policy Committee, joined Senators Sharif Street, Nikil Saval, Amanda Cappelletti, Tina Tartaglione and Art Haywood to host a public hearing on housing scarcity and contemporary houselessness yesterday at Temple University.
“We need to tackle the issue of economic injustice – from raising wages to actual living wages and ensuring rent and housing prices are fair, transparent, and flexible according to each individual’s financial situation,” Muth said. “All levels of government need to implement policies that ensure public dollars are actually helping the public, not the wealthy, private real estate and private equity firms making billions off of taxpayer funded subsidies and evicting people who can’t afford to pay skyrocketing rent and housing rates. I hope our hearing and the impassioned testimony provided by actual Pennsylvanians living these challenges forces this conversation into the ongoing budget debate and into all 67 counties and local government priorities.”
The policy hearing featured three panels of participants who presented testimony and discussed personal stories about housing scarcity, houselessness, and the government’s responsibility to provide safe, affordable, and accessible housing in Pennsylvania.
“The recent tragic fire in Philadelphia’s Fairmount community that claimed the lives of 12, including 9 children, began with a failure of government. A family was forced to make the untenable choice of cramming eighteen individuals into a single unit because of a lack of resources. Housing is security and dignity. Years of divestment from every level of government have been an abdication of government’s duty to protect the communities they serve,” Street said. “The fundamental question for society and government is ‘how do we create accessible, safe and affordable housing for all?’ I look forward to joining my colleagues in creating policy to address the critical issue of housing scarcity.”
Testifiers at the hearing included Gail Loney, a North Central Philadelphia resident; Alisha Robinson, a Frankford resident; Kelvin Jeremiah, president and CEO, Philadelphia Housing Authority; Aaron Zappia, Senior Government Relations Manager, Housing Alliance of Pennsylvania; Andrew Frishkoff, Executive Director, Philadelphia Local Initiatives Support Corporation (LISC); and Stephanie Sena, Anti-Poverty Fellow & Housing Advocate, Villanova University Charles Widger School of Law.
“The housing crisis is not unsolvable—we need to act to ameliorate it at every chance we get,” Saval added. “That means raising wages, building equity into our systems, and preserving affordable housing by giving people what they need to repair and maintain and stay in their homes.”
All submitted testimony from the policy hearing and the full video is available at SenatorMuth.com/Policy.
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Testimonio
Panel 1: Lived Experience
- Gail Loney, North Central Philadelphia Resident
- Alisha Robinson, Frankford Resident
Panel 2: The Philadelphia Housing Authority
Panel 3: Policy Solutions
Additional Testimony
por Christin Brown | 20 de enero de 2022 | reportaje, Comunicados de prensa
HARRISBURG, 20 de enero de 2022 - La senadora estatal Katie Muth (demócrata de Berks/Chester/Montgomery), presidenta del Comité de Política Demócrata del Senado de Pensilvania, se unió hoy al senador John Kane (demócrata de Delaware/Chester) y a la senadora Christine Tartaglione (demócrata de Filadelfia) para celebrar una audiencia pública virtual sobre los retos de recuperación asociados al trastorno por consumo de sustancias.
"La audiencia de hoy fue una oportunidad para escuchar acerca de lo que estamos haciendo actualmente aquí en Pennsylvania y si nuestro sistema de tratamiento actual está proporcionando resultados positivos para aquellos en la recuperación del trastorno por uso de sustancias - y lo más importante, si no está funcionando, ¿cómo podemos mejorar nuestros sistemas y programas ", dijo Muth. "Tenemos que asegurarnos de que la Commonwealth y nuestros programas de tratamiento y recuperación son eficaces y están proporcionando los mejores medios para la recuperación sostenida y de por vida."
La audiencia política virtual contó con tres paneles de testimonios de expertos que se centraron en los problemas de financiación a los que se enfrenta la comunidad de recuperación; la supervisión de las casas de recuperación en Pensilvania; y los retos que plantea la recaída durante la recuperación del trastorno por consumo de sustancias.
"Este asunto es personal para mí: llevo sobrio casi 40 años. Y sé de primera mano lo difícil que es la recuperación", dijo Kane. "Las personas en recuperación se enfrentan a enormes desafíos. Pero como legisladores, tenemos la oportunidad de hacer ese viaje un poco más fácil. Estoy agradecido a todos los panelistas que testificaron en la audiencia de hoy, y estoy deseando empezar a trabajar para asegurar que las opciones de recuperación seguras y eficaces estén disponibles para todos."
Se calcula que Pensilvania recibirá hasta 232 millones de dólares del acuerdo global de 26.000 millones sobre opioides en 2022 y hasta 1.000 millones en total en los próximos 18 años. De esos fondos, casi el 70% se distribuirá entre las autoridades de los condados para financiar iniciativas que incluyan el tratamiento asistido con medicación, la distribución de naloxona y servicios para embarazadas y padres que padezcan trastornos por consumo de opioides.
"Después de haber estado en recuperación durante más de 18 años, sé de primera mano lo importante que es garantizar que las personas en recuperación tengan los recursos que necesitan tan pronto como pidan ayuda", añadió Tartaglione. "El2º Distrito Senatorial no es ajeno a los retos que plantea el abuso de sustancias. Mi comunidad, Filadelfia y Pensilvania en su conjunto necesitan saber que hay funcionarios electos que se dedican a ayudar a acabar con el abuso de sustancias y a ampliar el acceso al tratamiento. La audiencia de hoy ha ayudado a abrir los ojos de la gente a lo crucial que es el tratamiento oportuno."
Los testigos en la audiencia de hoy incluyeron Jennifer Smith, Secretario, PA Departamento de Programas de Drogas y Alcohol (DDAP); Bill Stauffer, Director Ejecutivo, Pennsylvania Recovery Organizations Alliance (PRO-A); Deb Beck, Presidente, (Drogas y Alcohol Organización de Proveedores de Servicios de PA (DASPOP); Jessica Molavi, Gerente Clínico de Programas de Especialidad en el Centro de Tratamiento de Mirmont; y Adam Al-Asad y Sarah Laurel de Savage Sisters Recuperación.
Todos los testimonios presentados en la audiencia de hoy y el vídeo completo están disponibles en SenatorMuth.com/Policy
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Testimonio
Panel 1: Financiación de la recuperación
Panel 2: Supervisión de las Casas de Recuperación
Panel 3: Recaída crónica
Testimonio escrito adicional
por Christin Brown | 14 de enero de 2022 | Asesoramiento
ROYERSFORD, 14 de enero de 2022 - La senadora estatal Katie Muth, presidenta del Comité de Política Demócrata del Senado de Pensilvania, se unirá a los senadores John Kane y Christine Tartaglione para organizar una audiencia pública virtual el próximo jueves a las 10 a.m. para discutir los desafíos de recuperación asociados con el trastorno por consumo de sustancias.
La audiencia se celebrará el jueves 20 de enero a las 10.00 horas en Zoom. Los participantes interesados pueden inscribirse con antelación haciendo clic aquí.
La audiencia política contará con el testimonio de tres paneles de expertos que debatirán los retos a los que se enfrentan las personas que se recuperan de un trastorno por consumo de sustancias. Los paneles incluirán representantes de agencias estatales, clínicas de tratamiento y casas de recuperación locales, cada uno de los cuales hablará de sus necesidades y retos específicos.
La audiencia también se retransmitirá en directo en SenatorMuth.com/Policy y en la página de página de Facebook del senador Muth.
Se fomenta la participación de los medios de comunicación.
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by Christin Brown | Diciembre 6, 2021 | News Releases
READING, Diciembre 6, 2021 – State Senator Katie Muth (D- Berks/Chester/Montgomery), Chair of the Pennsylvania Senate Democratic Policy Committee, today joined Senators Judy Schwank and Christine Tartaglione to host a public hearing on evaluating and improving drug treatment centers in Pennsylvania.
“The alarming rates of substance abuse and drug overdoses have been magnified throughout the COVID-19 pandemic. And when individuals and their families reach out for help and seek treatment, they do not have the resources and information available to make an informed choice about treatment facilities. Pennsylvania families deserve better,” Senator Muth said. “Today’s policy hearing allowed our Committee to hear from families who have tragically lost loved ones to addiction, and it also afforded us an opportunity to discuss possible legislative solutions and policy changes that can improve the evaluation process and treatment outcomes of Pennsylvania’s drug treatment centers. Patient outcome survey data should be guiding treatment plans, not insurance companies that often deny coverage for the care required for successful recovery.”
Pennsylvania has one of the highest rates of drug overdose in the nation and drug overdose deaths have increased in 46 of 67 counties in Pennsylvania throughout the COVID-19 pandemic. The Center for Disease Control’s National Center for Health Statistics indicated that there were over 100,000 drug overdose deaths in the United States during the 12-month period ending in Abril 2021, an increase of 28.5% from prior year.
“We must rethink our approach to adequately address the ongoing opioid epidemic, and one way to do that is to look at drug treatment centers. Individuals taking the crucial step of seeking treatment for addiction need to be given access to all the information they need to make the right decision for their own particular circumstances,” Schwank said. “This hearing provided us an opportunity to learn directly from individuals impacted by addiction, treatment providers and state regulators. It will give us a chance to better understand what factors make drug treatment more effective.”
Senator Schwank has introduced two bills – Senate Bill 975 and Senate Bill 976 – to address issues with Pennsylvania’s drug treatment facilities and recovery homes. Senate Bill 975 would require the Pennsylvania Department of Drug and Alcohol Programs (DDAP) to distribute an annual survey to all substance use disorder treatment centers and recovery homes operating in PA, record, and publish online for public access the responses provided by those treatment centers and recovery homes. Senate Bill 976 would prohibit any treatment center in PA to refuse admittance to anyone reporting to a treatment facility requesting medical or psychological services addressing substance use disorder – even if an individual is under the influence of drugs or alcohol at the time they report. It would also prohibit any health insurance company operating in PA from refusing coverage for admittance and provision of medical and psychological services.
“Today was a crucial step in addressing the crisis that is addiction, and the failure of treatment that surrounds it,” Tartaglione said. “The shifting demographics of addiction and overdoses show us that there is no community in this commonwealth that has not been touched by its devastation, from Erie to Philly and Allentown to Pittsburgh, the PA Senate Democrats are dedicated to bettering and expanding addiction treatment services offered.”
The Senate Democratic Policy Committee heard from several panelists at Reading Area Community College that included representatives from the Opioid Crisis Action Network, the Self-Help Movement, the Caron Foundation, the Council on Chemical Abuse, and the Pennsylvania Department of Drug and Alcohol Programs.
Todos los testimonios presentados en la audiencia de hoy y el vídeo completo están disponibles en SenatorMuth.com/Policy
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Testimonio
Panel 1: Affected People
Panel 2: Care Providers
Panel 3: Policy Solutions
por Christin Brown | 15 de noviembre de 2021 | reportaje, Comunicados de prensa
FILADELFIA - 15 de noviembre de 2021 - La senadora estatal Katie Muth (D- Berks/Chester/Montgomery), presidenta del Comité de Política Demócrata del Senado de Pensilvania, se unió hoy a los senadores Nikil Saval, John Kane, Christine Tartaglione y Lindsey Williams para organizar una audiencia pública para discutir temas relacionados con la clasificación errónea de trabajadores en Pensilvania.
"La clasificación errónea de los trabajadores no se limita a los oficios de la construcción, sino que afecta a todo un segmento de nuestra mano de obra que merece ser protegida y remunerada justamente por sus empleadores", declaró el senador Muth. "Agradezco a todos mis colegas y a los panelistas que han participado hoy para arrojar luz sobre otro caso de avaricia empresarial: empresarios que dan prioridad a los beneficios frente a los trabajadores. Es hora de que defendamos a nuestros trabajadores en el Senado estatal."
El Comité de Política Demócrata del Senado escuchó a varios panelistas en el edificio del Sindicato de Trabajadores de la Chapa Metálica en Filadelfia, que hablaron de los problemas a los que se enfrentan los trabajadores cuando son clasificados erróneamente por sus empleadores. El Keystone Research Center indica que si Pennsylvania tiene tasas de clasificación errónea en la industria de la construcción comparables a las de otros estados, pierde unos 10 millones de dólares en impuestos del seguro de desempleo, al menos 15 millones de dólares en ingresos del impuesto sobre la renta (y posiblemente el triple), hasta 83 millones de dólares en primas de compensación a los trabajadores y 200 millones de dólares en impuestos federales sobre la renta.
"La clasificación errónea de los trabajadores está muy extendida y los daños resultantes afectan a todos los sectores del empleo y a todas las facetas de nuestras comunidades. Pensilvania es un Estado laboral con una larga historia de protección de los derechos de los trabajadores, y es imperativo que continuemos este trabajo en nuestra economía en rápida evolución", dijo el senador Saval. "Al igual que las empresas que explotan a los trabajadores pueden llevar estas prácticas de un estado a otro, Pensilvania puede crear un modelo de protección de los trabajadores que otros estados puedan adoptar. La forma en que abordemos esto ahora mismo repercutirá en el futuro del trabajo".
En la audiencia estuvieron representados varios sindicatos regionales y estatales, entre ellos Steamfitters Local 420, Painters DC21, Philadelphia Building and Construction Trades Council, PA AFL-CIO y Eastern Atlantic States Regional Council of Carpenters. El senador John Kane trabajó durante cuatro décadas como fontanero sindicalizado antes de ocupar un escaño en el Senado, y durante doce años fue director comercial de uno de los mayores sindicatos de fontaneros de la Commonwealth.
"Mis afiliados ganaban buenos salarios que les permitían mantener a sus familias y gozaban de buenas prestaciones. Estaban protegidos contra las lesiones en el lugar de trabajo y gozaban de condiciones laborales seguras. Cuando los trabajadores son clasificados erróneamente como contratistas independientes, pierden estas protecciones", dijo el senador Kane. "Quiero ser claro: la clasificación errónea de los trabajadores es una forma de robo, simple y llanamente. Las empresas reducen costes para mejorar su cuenta de resultados, y nuestros trabajadores pagan el precio. Hace mucho tiempo que es hora de que tomemos medidas para poner fin a la clasificación errónea de los trabajadores, y estoy agradecido a todos nuestros panelistas por compartir su perspectiva en la audiencia de hoy."
En la audiencia también se destacaron los problemas de clasificación errónea de los trabajadores en la economía gig basada en aplicaciones y se debatieron posibles soluciones políticas para abordar el problema de la clasificación errónea de los trabajadores. Uno de los proyectos de ley debatidos fue el proyecto de ley 879 del Senado, presentado por el senador Saval. Este proyecto de ley responsabilizaría a los contratistas generales de pagar a todos los empleados de una obra, incluso si son contratados por un subcontratista.
"Durante demasiado tiempo, empresarios sin escrúpulos han recortado costes y tomado atajos clasificando erróneamente a los trabajadores de Pensilvania. Los demócratas del Senado de Pensilvania han luchado y seguirán luchando por los trabajadores de esta mancomunidad", dijo el senador Tartaglione. "Cada trabajador merece las protecciones que vienen con ser un empleado y no un contratista. El coste de hacer negocios no puede y no debe ser trasladado a los empleados de una empresa."
"La clasificación errónea perjudica a los trabajadores, perjudica a los empresarios que hacen lo correcto por sus trabajadores y perjudica a los contribuyentes", añadió la senadora Williams.
Todos los testimonios presentados en la audiencia de hoy y el vídeo completo están disponibles en SenatorMuth.com/Policy
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Testimonio
Panel 1: Mesa redonda de sindicatos locales
- Gary Masino, Local 19 de Sheetmetal Workers.
- Tom Redden, Steamfitters Local 420
- Tyler Honschke, Pintores DC21
- Brian Eddis, Oficios de la Construcción de Filadelfia
Panel 2: Mesa redonda de los sindicatos estatales
Mesa redonda 3: La economía colaborativa
Panel 4: Soluciones políticas
por Christin Brown | 20 de mayo de 2021 | Comunicados de prensa
Harrisburg - 20 de mayo 2021 - A petición del senador Tina Tartaglione (D-Filadelfia), Presidente Demócrata de la Comisión del Senado de Trabajo e Industria, el Comité de Política Democrática de Pennsylvania celebró una audiencia pública virtual para discutir Proyecto de ley del Senado 310 y las protecciones de OSHA para los empleados públicos.
"Durante más de 50 años, los empleados del sector privado y los empleados federales de Estados Unidos se han beneficiado de las salvaguardias y la tranquilidad que ofrece la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (OSHA). Es una parodia que los empleados públicos de Pensilvania no dispongan de las mismas protecciones", declaró el senador Tartaglione. "Todos los trabajadores tienen derecho a un lugar de trabajo seguro y saludable, y tienen derecho a saber que no sufrirán represalias cuando denuncien condiciones deficientes y peligrosas. Mi proyecto de ley 310 del Senado ampliaría las protecciones críticas de la OSHA a todos los trabajadores de Pensilvania."
El proyecto de ley 310 del Senado crearía la Junta de Revisión de Seguridad y Salud en el Trabajo de Pensilvania dentro del Departamento de Trabajo e Industria. En la actualidad, los trabajadores de los organismos públicos estatales y locales de Pensilvania no gozan de la protección de la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo (OSHA). Esta propuesta de ley ampliaría las normas de seguridad de la OSHA a los empleados públicos de la Commonwealth, todas las subdivisiones políticas legales, los colegios públicos, los sistemas de transporte público y las organizaciones sin ánimo de lucro de Pensilvania.
"Los trabajadores merecen saber que, cuando van a trabajar, su salud y su seguridad son una prioridad y no una ocurrencia tardía. Nadie debería tener que aceptar que las condiciones que ponen en peligro la vida son sólo parte de un trabajo, y los trabajadores de todas las profesiones y campos deberían contar con las protecciones de la OSHA. Me enorgullece apoyar el proyecto de ley 310 del Senado, y estoy muy agradecida al senador Tartaglione por defender este proyecto de ley en el Senado y hacer de las protecciones en el lugar de trabajo una prioridad en nuestro grupo", declaró la senadora Katie Muth (D- Berks/Chester/Montgomery), presidenta del Comité de Política Demócrata del Senado.
"Según el Informe de Muerte en el Trabajo de AFL-CIO, 8,1 millones de trabajadores del sector público carecen de protección de OSHA en todo el país. En 2019, su tasa de lesiones y enfermedades fue un 64% más alta que la de los empleados del sector privado", dijo Mike Maguire, Director de Asuntos Políticos y Legislativos del Consejo 13 de AFSCME. "Desde el establecimiento de OSHA en 1971, se han salvado más de 627,000 vidas de trabajadores. Extendamos esas protecciones a la mano de obra del sector público de nuestra Commonwealth".
En oposición al proyecto de ley 310 del Senado estaban Keith Wentz, Director de Gestión de Riesgos y Suscripción de la Asociación de Comisarios de Condados de Pensilvania (CCAP), y Stuart Knade, Esq., Director Jurídico de la Asociación de Consejos Escolares de Pensilvania.
Wentz señaló en su testimonio que él y su organización no creen que sean necesarias más protecciones de la OSHA para los empleados públicos porque ya existen juntas de seguridad voluntarias e inspecciones aleatorias de las instalaciones.
Knade dijo que la aplicación de las protecciones de OSHA para los empleados públicos en Pennsylvania sería difícil porque OSHA no fue escrito con ellos en mente, creando problemas con la aplicación. También dijo que la aplicación sería prohibitivo.
Tanto Wentz como Knade acordaron continuar las conversaciones con el senador Tartaglione sobre el proyecto de ley 310 del Senado y las protecciones de los empleados públicos.
"En realidad, los costes se reducen cuando el lugar de trabajo es más seguro", afirmó Rick Bloomingdale, Presidente de Pennsylvania AFL-CIO. Bloomingdale afirmó en su testimonio que los mismos argumentos que Wentz y Knade esgrimieron hoy se utilizaron en la década de 1970, cuando se promulgó por primera vez la OSHA. Sin embargo, a lo largo de los años, OSHA ha demostrado ser un atractivo para empleados y empresarios del sector privado.
Bloomingdale afirmó que, gracias a la normativa OSHA en los centros de trabajo del sector privado, hay menos rotación de personal, más moral y menos incidentes que provoquen lesiones y necesidad de indemnizaciones en el lugar de trabajo.
"Según el informe Annual Death on the Jobs de la National AFL-CIO, en 2016, los empleadores estatales y locales del sector público reportaron una tasa de lesiones de 4,7 por cada 100 trabajadores, que es significativamente más alta que la tasa reportada de 2,9 por cada 100 entre los trabajadores del sector privado", dijo Bloomingdale.
Jeff Ney, tesorero de la Pennsylvania State Education Association (PSEA), explicó en su testimonio que los profesores también están excluidos de las protecciones de la OSHA.
"Como yo, muchos empleados públicos se sorprenden al saber que estas protecciones básicas no se aplican a ellos o a su lugar de trabajo", dijo Ney. "Las protecciones de sentido común contenidas en el SB 310 también garantizarán que nuestros estudiantes tengan un entorno educativo seguro y saludable, que es el factor más básico e indispensable para fomentar la excelencia académica. Las condiciones de trabajo de los empleados escolares son las condiciones de aprendizaje de los alumnos."
Maguire, de la AFCME, dijo en su testimonio que los trabajadores son algo más que recursos, son seres humanos y merecen lugares de trabajo que los traten como tales.
"Este es el proyecto de ley más importante para la AFCME", concluyó Maguire.
A continuación figuran todos los participantes en la audiencia de hoy:
- Keith Wentz, Director de Gestión de Riesgos y Suscripción, County Commissioners Association of Pennsylvania (CCAP)
- Stuart Knade, Abogado, Director Jurídico, Asociación de Consejos Escolares de Pensilvania
- Rick Bloomingdale, Presidente de la AFL-CIO de Pensilvania
- Mike Maguire, Director de Asuntos Políticos y Legislativos, AFSCME Council 13
- Jeff Ney, Tesorero, Asociación de Educación del Estado de Pensilvania
- Dr. David Levine, UC Berkeley, Haas School of Business
El líder demócrata del Senado, Jay Costa (demócrata de Allegheny), también asistió a esta audiencia, al igual que los senadores Anthony H. Williams (demócrata de Filadelfia/Delaware), Lisa Boscola (demócrata de Lehigh/Northampton), Lindsey Williams (demócrata de Allegheny), John Kane (demócrata de Chester/Delaware) y Amanda Cappelletti (demócrata de Delaware/Montgomery).
La grabación completa de esta mesa redonda, así como los testimonios escritos de los participantes, pueden consultarse en senatormuth.com/policy. Una grabación completa de esta audiencia también se puede encontrar en el página de Facebook de los demócratas del Senado de Pensilvania.
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por Christin Brown | 18 de enero de 2021 | Salario Mínimo, Comunicados de Prensa
Harrisburg - 18 de enero 2021 - A petición de los senadores estatales Art Haywood (D-Montgomery / Filadelfia), Christine Tartaglione (D-Filadelfia), y John Kane (D- Chester / Delaware) el Comité de Política Democrática del Senado de Pensilvania celebró una audiencia pública virtual sobre el aumento del salario mínimo para los residentes de Pensilvania. La audiencia se celebró el Día de Servicio de Martin Luther King, Jr. para honrar su legado de lucha por los derechos de los trabajadores y la justicia económica.
"Es inaceptable que Pensilvania siga permitiendo que su salario mínimo sea el salario de pobreza de 7,25 dólares la hora", dijo Haywood. "Celebramos esta audiencia hoy en Martin Luther King, Jr. Día de servicio para continuar el trabajo que el Dr. King comenzó exigiendo dignidad y respeto para todos los trabajadores, y eso empieza por pagar a los trabajadores un salario digno."
La Asamblea General de Pensilvania elevó por última vez el salario mínimo en julio de 2007 a 7,25 dólares por hora. Los seis estados limítrofes con Pensilvania han promulgado leyes de salario mínimo superiores a los 7,25 dólares vigentes en la Commonwealth. Maryland, Nueva York, Nueva Jersey, Delaware, Virginia Occidental y Ohio han promulgado salarios mínimos superiores al de Pensilvania, que lleva más de una década estancado en el mínimo federal.
Alissa Barron-Menza, Vicepresidenta de Business for a Fair Minimum Wage, recordó que el salario mínimo se introdujo por primera vez en 1938, durante la Gran Depresión, y que un salario mínimo digno es una herramienta esencial para la recuperación económica.
"Este aumento es una herramienta vital para la recuperación compartida que será buena para las empresas, buena para los clientes y buena para la economía", dijo Barron-Menza.
Morris Pearl, Presidente de Patriotic Millionaires, también afirmó que un aumento del salario mínimo es bueno para la economía. Dijo que una economía fuerte necesita gente con dinero para gastar a fin de mantenerla.
"Los inversores están abrumadoramente a favor de aumentar el salario mínimo", dijo Pearl.
Actualmente, 29 estados y el Distrito de Columbia tienen salarios mínimos superiores al salario mínimo federal de 7,25 dólares por hora, incluidos todos los estados que rodean Pensilvania.
"El hecho de que la Asamblea General de Pensilvania no haya aumentado el salario mínimo desde la aprobación de mi legislación en 2006 es censurable", dijo Tartaglione. "Aunque he seguido patrocinando nueva legislación sobre el salario mínimo en cada sesión desde entonces, la mayoría no ha tomado medidas, dejando que el último aumento que los trabajadores han visto sea un aumento federal de 10 centavos en 2009. Los trabajadores con salario mínimo de Pensilvania merecen algo mejor".
El senador Tartaglione es el principal patrocinador del proyecto de ley 12 del Senado. Esta legislación aumentaría inmediatamente el salario mínimo de Pensilvania a 12 dólares la hora para todos los trabajadores de Pensilvania, con un camino a 15 dólares la hora en 2027. Este proyecto de ley también eliminaría el salario mínimo por propina en Pensilvania, asegurando que todos los trabajadores ganen un salario digno que no dependa de la generosidad o falta de generosidad del patrón.
"Fui fontanero sindicalizado durante casi cuatro décadas, y sé lo importante que eran los salarios dignos y de sustento familiar para mí y para todos nuestros miembros", dijo Kane. "Es un gran problema que nuestros trabajadores de salario mínimo no han visto un aumento en más de una década - tenemos que garantizar que todos los residentes de Pensilvania se les paga un salario digno."
Gene Barr, Presidente y Consejero Delegado de la Cámara de Comercio e Industria de Pensilvania, declaró que su organización no cree que un aumento del salario mínimo en Pensilvania sea la forma más "eficaz de impulsar la asistencia".
Barr dijo que un aumento del salario mínimo perjudicará a las pequeñas empresas, dará lugar a una mayor automatización, y que seguir trabajando con el Estado para reducir las barreras al empleo y ampliar el Crédito Fiscal por Ingreso del Trabajo (EITC) son mejores soluciones.
"Existe un apoyo empresarial mayoritario al aumento del salario mínimo por encima de los niveles actualmente promulgados -a pesar de lo que pueda escuchar de la oposición", replicó Barron-Menza a Barr. "Por ejemplo, una encuesta realizada en 2016 por LuntzGlobal para el Consejo de Cámaras Estatales a 1.000 ejecutivos de empresas de todo el país reveló que el 80% de los encuestados dijeron que apoyaban el aumento del salario mínimo de su estado, mientras que solo el 8% se oponía."
"Nadie debería tener un trabajo a tiempo completo, o varios trabajos a tiempo completo y parcial, y seguir viviendo en la pobreza porque su empleador no está obligado a pagarle un salario digno", dijo la senadora Katie Muth (D- Berks/Chester/Montgomery), presidenta del Comité de Política Demócrata del Senado. "Todos los trabajadores merecen la dignidad y el respeto de un salario digno, y debemos aumentar el salario mínimo para Pensilvania".
William Spriggs, catedrático de Economía de la Universidad Howard y economista jefe de AFL-CIO, declaró en su testimonio que el aumento del salario mínimo también es esencial para acabar con las diferencias salariales entre hombres y mujeres y entre razas, cuya existencia reconocen ampliamente los economistas.
Spriggs también dijo que el salario mínimo está pagando menos a la gente en la industria de servicios (2,83 dólares en Pensilvania para los trabajadores de restaurantes) o está sesgado en función de donde viven, y también tiene, "raíces muy racistas".
Ashona Denise Osborne se unió a la lucha del SEIU (Sindicato Internacional de Empleados de Servicios) por un salario mínimo de 15 dólares la hora después de trabajar en empleos con salario mínimo toda su vida, criar a su hijo como madre soltera y darse cuenta de que, incluso obteniendo su título asociado en cuidado de niños, "sigue sin ser suficiente".
Muchos otros senadores también asistieron a esta audiencia, entre ellos el líder demócrata del Senado Jay Costa (D- Allegheny), Amanda Cappelletti (D- Delaware/Montgomery), Carolyn Committa (D- Chester), Maria Collett (D- Bucks/ Montgomery), Wayne Fontana (D- Allegheny), Vincent Hughes (D- Montgomery/Philadelphia), Tim Kearney (D- Chester/Delaware), Steve Santarsiero (D- Bucks), Nikil Saval (D- Philadelphia), Judy Schwank (D- Berks), Sharif Street (D- Philadelphia), Anthony H. Williams (D- Delaware/Filadelfia), y Lindsey Williams (D- Allegheny).
A continuación figuran todos los que han testificado en la audiencia de hoy:
- Gene Barr, Presidente y Director General de la Cámara de Comercio e Industria de Pensilvania
- Alissa Barron-Menza, Vicepresidenta de Empresas por un Salario Mínimo Justo
- Morris Pearl, Presidente de Patriotic Millionaires
- Manuel Rosaldo, Centre County Wage Justice Coalition, Profesor Adjunto de Relaciones Laborales, Penn State University
- Jacqui Rogers, Coalición de Defensa de las Mujeres del Condado de Bucks
- William Spriggs, Catedrático de Economía, Howard University y Economista Jefe, AFL-CIO
- Kadida Kenner, Directora de Campañas del PA Budget and Policy Center
- Ashona Denise Osborne, trabajadora del SEIU de Pittsburgh
- Lateefah Curtis, trabajadora de Filadelfia
- Adesola Ogunleye, trabajador de Filadelfia
La grabación completa de esta audiencia puede consultarse en senatormuth.com/policy.
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by Christin Brown | Abril 8, 2020 | News Releases
Harrisburg, PA − Abril 8, 2020 − The Senate adjourned Martes afternoon after the House Republicans indicated they would not be taking up Senate Bill 841, legislation that would have enabled local municipalities to hold their meetings remotely, permitted e-notary use; lengthened the time period a property tax payer can receive an early payment discount and delay penalties for late payments to Dec. 31st; and allowed businesses to make delayed payments on EITC. Another important amendment offered by Senator Pam Iovino (D-Allegheny) allowed school districts to renegotiate contracts to ensure contracted school workers can get paid and continue to receive benefits.
The amended SB 841 passed the Senate with bipartisan support. While the Senate Democrats and Republicans chose to put partisan difference aside, the House Republicans were pushing to please special interests and big donors. Intending to use this crisis as leverage, Speaker Turzai and his caucus passed legislation to prematurely allow businesses to reopen during this public health crisis and create a partisan task force to interfere with the Governor’s disaster response, both of which unnecessarily risk lives and threaten to expend the emergency.
“While the Governor and Department of Health Secretary offer leadership on public safety in daily briefings and Democratic members of the PA House and Senate draft legislation to protect working people who are either out of work or employed on the front lines of essential businesses, Republicans are putting lives at risk and undermining the Governor and Secretary Levine’s best efforts to end this crisis,” said Senate Democratic Leader Jay Costa, Jr. “Instead of taking the advice of our Health Secretary, they are trying to slow down our response and hasten the re-opening of non-essential businesses against the guidance of every public health entity in the country.”
The House Republicans were seeking even more egregious measures to provide civil immunity to big businesses, upend school districts ability to pay their teachers, and leave our corrections department employees at serious threat of the Coronavirus. Perhaps worst of all, the language does nothing to protect frontline workers, provide assistance to those that are out of work, or to help small businesses weather this crisis.
In an amendment to Senate Bill 327, House Republicans designed a task force with partisan appointees to usurp the Governor’s ability to rapidly respond to this quickly-evolving crisis. Their bill would require the Secretary of Health to leave PEMA, take hours away from public health crisis planning and defend her work in front of a redundant, political body.
The Senate Democratic Caucus will not support these bills. Alternatively, this caucus will be supporting legislation on the following issues:
- The American Working Family Relief Action Plan for front-line worker protections (Collett/L. Williams)
- Protecting workers during public health emergencies (Santarsiero)
- COVID-19 Food Worker Safety Act (Tartaglione)
- COVID-19 Grocery Store Worker Safety Act (Tartaglione)
- Payment of contract services in schools (Iovino)
- Childcare assistance (Schwank/L. Williams)
- Emergency expansion of the Family Medical Leave Act to provide paid sick leave (Farnese)
- Crisis grants for volunteer fire and EMS companies due to COVID-19 (Brewster)
- Require business interruption insurance to cover COVID-19 related business closures (Hughes)
- Eviction protection for all disaster emergencies (Farnese)
- Coronavirus disease and schools: allowing for online instruction (Dinniman)
- Creating a Common Wealth Fund to collect donations from individuals to provide for essential needs of those in need (AH Williams)
- Providing a presumption of eligibility for Workers’ Compensation benefits for workers that get sick in the workplace (Tartaglione)
- Ensuring receipt of a stimulus check from the Federal government is not included in an individual’s income for purposes of qualifying for social safety nets (Schwank)
- Exempting stimulus checks from the Federal government from State and local taxation (Brewster)
- Collaborating with financial institutions to mandate mortgage loan forgiveness, assistance to homeowners that were laid off due to state emergencies (Farnese)
“While many working Pennsylvanians are suffering from the COVID-19 pandemic, facing lost hours or even complete unemployment, others who find themselves in more fortunate circumstances have expressed a desire to help their fellow citizens by either donating to a local charity or patronizing local businesses,” said Senator Anthony H. Williams. “By establishing the “Pennsylvania Common Wealth” restricted account, taxpayers could redirect all or a portion of their stimulus check to the state, which in turn would be authorized to direct those funds into programs which help the neediest Pennsylvanians – property tax & rent rebates, temporary assistance for needy families, CHIP or medical assistance.”
“Pennsylvania needs solutions that help protect its working people who have been hit the hardest by the fallout of the coronavirus pandemic,” Senator Vincent Hughes said. “We in the Pennsylvania Senate Democratic Caucus have put forth a number of policy proposals that would do just that, meanwhile House Republicans have chosen to ignore these needs and push an agenda that jeopardizes public health and puts additional pressure on working people by delaying immediate relief. Our mission should be helping people in this unprecedented time of need and we will remain vigilant in protecting hardworking folks across the commonwealth.”
“As public servants, our most important duty is to protect the health, safety and welfare of our citizens. This includes making difficult decisions in challenging times. We all want businesses to reopen, employees back on the job, students back in classrooms and some semblance of normal life to resume, but that cannot happen unless we first continue mitigation efforts and follow the advice of our scientists and experts,” said Senator Wayne D. Fontana. “Anything contrary can set back progress and cause further harm on our economy and most importantly, on human health. The bipartisan legislation the Senate approved provides some necessary guidance and relief to local governments, businesses, school employees and property taxpayers during this unprecedented situation. It is unconscionable that House Republicans blatantly disregarded that duty and have chosen not to act.”
“The spread of coronavirus has not quieted the voice of special interests in Harrisburg and that’s tragic,” said Senator Larry Farnese. “Mitigation through isolation is working and we have to recognize that sacrifice through legislation that actually helps front-line workers instead of just saying nice things on social media.”
“This crisis and the Commonwealth’s response to the COVID-19 pandemic requires leadership, transparency and cooperation – not partisan politics,” said Senator John Blake. “While we’ve worked well with the Senate majority on real solutions that actually help people in this crisis, the House majority looks to undermine the executive authority of the Governor as well as the advice of medical and scientific experts regarding public health. I applaud the work being done by Governor Wolf and his administration to keep Pennsylvanians safe and to mitigate the spread of COVID-19. I will continue to support important legislation to help our business community, front-line workers and medical professionals; and to protect our citizens, schools and local governments across this state. We need to remain vigilant in following the recommendations of the PA Department of Health and the federal CDC.”
“Issues that the Commonwealth was already facing have been exacerbated by this pandemic, and child care services and early learning programs are near the top of the list. Childcare centers are teetering on the brink of insolvency, which is why part of our legislative package addresses early childhood learning and safe, quality childcare. We will not be able to restart Pennsylvania’s economy without this key component,” Senator Judy Schwank said. “Additionally, it’s vital that the income requirements of state programs like PACENET and Property Tax and Rent Rebate are adjusted so that Pennsylvanians receiving federal aid are not penalized later.”
“The key to an effective response to the pandemic is to ensure that our citizens are protected, health risks are addressed, and our economy restarts quickly,” Senator Jim Brewster said. “That’s why I introduced a six-point stimulus plan that will help small business, protect workers and create jobs once we are clear the threat posed by the pandemic. In addition, we need to make sure to address the immediate and long-term needs of first responders and all workers and businesses who are providing essential services during this time of extraordinary stress.”
“There is no segment of our Commonwealth that hasn’t been upended by this crisis. Everything is a priority. But in order to save livelihoods, we must first save lives,” said Senator Maria Collett. “As a nurse, I know firsthand the challenges our health care workers are up against and the urgency of passing legislation like the American Working Family Relief Action Plan for Front-Line Workers. Our doctors, nurses, first responders, senior care aides and others should not have to worry about getting sick or infecting others while performing their essential work.”
“It is irresponsible for the state to reopen businesses at the height of the COVID-19 outbreak. Those who are not essential workers should remain home,” said Senator Art Haywood. “We need to do all we can as legislators to support essential employees risking their lives on a daily basis,” said Senator Haywood (D-Montgomery/Philadelphia). “I will continue to support the work Governor Wolf and Secretary Levine have done to inform the public to remain safe and stay home.”
“The citizens of Pennsylvania are counting on their elected representatives to save lives by responding swiftly, pragmatically, and in a bipartisan manner to slow the spread of this highly contagious virus,” said Senator Pam Iovino. “To fulfill our duty to the public, we must follow the consensus guidance of public health professionals, focus on protecting front-line essential workers, and put in place protections that allow furloughed or unemployed workers and small businesses to weather the economic disruption.”
“As the Democratic chair of the Local Government Committee, I worked with stakeholders for weeks to craft the provisions of SB 841, I am disappointed these commonsense measures, which passed the Senate with bipartisan support, are being held up by House Republicans for little reason,” said Senator Tim Kearney. “The House should immediately pass SB 841 and focus on bringing relief to Pennsylvanians, rather than sabotaging the Governor’s efforts to keep our families safe.”
“Yesterday, the majority party in both chambers failed to use their legislative power, where they can literally pass any bill they want to, and instead decided to pack up and go home without,” said Senator Katie Muth. “Failing to pass meaningful bills when people are fighting for their lives is simply negligent.”
“Now is not the time to play politics,” said Senator Steve Santarsiero. “Saving lives has to be the first priority. In order to do that, we must all do our part and follow the Governor’s and Department of Health’s plans as they’ve been explained to us countless times. SB 841 is just one of many ways our caucus has worked in a bipartisan effort to provide relief to those who need it most. However, SB 327 is exactly what our healthcare professionals warn us against. Promoting a premature return to normalcy will only undermine our effort to keep the public safe, and further endanger thousands of lives.”
“Government’s most important role is the protection of its people. Since the COVID-19 crisis the Senate has met three times, with little to show for it. Communities across the commonwealth have no interest in the paralysis of government especially in the most desperate of times. What they do care about is the protection of our essential workforce, the interruption of our small businesses, job loss, staying in their homes and educating their children. The only thing that matters is the preservation and protection of every resource needed to keep families safe during this health crisis,” said Senator Sharif Street.
“We need to be back in Harrisburg, we need to get back to work. We must work together to ensure our communities are protected during uncertain times.”
“As thousands of Pennsylvanians continue to get sick and hundreds die, now is no time to play partisan politics,” Senator Tina Tartaglione said. “As public leaders, we must unite behind the common goal of reducing the threat of this virus and mitigating the harm being done to our constituents. The package of bills we have proposed will directly help all Pennsylvania families, including essential workers, displaced workers, first responders, school children, those who have become sick, and those in need. I urge all legislators from all political parties to support these bills.”
“Stopping the spread of COVID-19 and saving lives is our top priority. We also need to protect and support our constituents, our communities, and our businesses,” said Senator Lindsey Williams. “Our front-line essential workers – our hospital workers, grocery store workers, emergency service personnel and others – cannot afford to wait for PPE. They needed it weeks ago. Our childcare facilities need our help to stay open and provide care to the children of our essential workers while they risk their lives for us. Our small businesses need financial support to stay afloat. Our municipalities need the ability to meet remotely and make decisions that will ensure the safety of all of residents. There are a lot of needs right now and our constituents do not have time for us to waste playing partisan games or naming bridges. The Senate Democrats have offered concrete solutions that will help people. We should all be working together to get them to the Governor’s desk for signature as soon as possible.”
More information on the work of the Pennsylvania Senate Democratic Caucus during the COVID-19 crisis can be found at pasenate.com/covid19.
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by Christin Brown | Agosto 27, 2019 | News Releases
HARRISBURG, Agosto 27, 2019 – After a months-long review of a sexual misconduct complaint against a former Pennsylvania House member, a Dauphin County grand jury has called for the Pennsylvania Legislature to create a new, independent Office of Legislative Responsibility to create a centralized reporting system for victims to report sexual harassment and sexual misconduct.
Among other things, the grand jury recommended the new independent office be led by a qualified investigator, have subpoena power in consultation with the district attorney in the relevant jurisdiction and have authority to investigate any alleged misconduct, not limited to sexual harassment or assault.
Members of the Pennsylvania Senate Democratic Caucus have welcomed this idea and plan to move forward when the legislature returns in Septiembre.
“Women in the capitol deserve to be safe, to feel safe, to be heard, and to be respected,” said Sen. Larry Farnese (D-1). “We must act swiftly and stand together to enact these policy changes to create a better working environment for everyone in the Capitol.”
“To protect the safety of all individuals in and around the Capitol, as well as those who interact with the General Assembly anywhere throughout the Commonwealth, we must empower and encourage victims to report alleged incidents of harassment and misconduct as soon as possible,” said Sen. Christine Tartaglione (D-2). “By creating an office dedicated to investigating these incidents independently, we will be sending a powerful message that the Pennsylvania Legislature takes all allegations seriously and that every voice will be heard.”
“This process has revealed the deficiencies in policy and reporting that has failed to keep women safe in and around the Capitol for years,” said Sen. Judy Schwank (D-11). “It is time that we take this conduct seriously and create a reporting process that affords victims the opportunity to come forward in safety and with dignity. It is time for today’s legislative leaders to lead the way in creating a path forward to ensure that the workplace is a safe place for all.”
“The findings of the Grand Jury Report reiterate what we already know and what the #MeToo Movement has made clear for years: there can be no tolerance for workplace harassment. Period,” said Sen. Maria Collett (D-12). “Our General Assembly needs to hold itself to the highest standards and lead by example by implementing and improving the procedures in which we address all claims of workplace harassment by adopting these recommendations. I look forward to working with my colleagues in the legislature as we take up this issue when we return to session.”
“Having an independent office as a central reporting and investigation unit makes some sense,” said Sen. Lisa Boscola (D-18). “It will help ensure consistency and efficiency in all caucuses and both Chambers.”
“As a career public servant, I believe that members of the General Assembly should be held to the highest standards of ethics and behavior to uphold the public trust,” said Sen. Pam Iovino (D-37). “The establishment of the Office of Legislative Responsibility will serve to ensure that public trust. An independent office will secure credible due process for all victims, regardless of gender, as well as all accused.”
“Our current system of reporting and investigating claims of workplace harassment is woefully inadequate and, in many cases, damaging to the very people it is designed to serve,” said Sen. Lindsey Williams (D-38). “We need to take this opportunity to implement the Grand Jury’s recommendations and create a system that ensures all victims and witnesses alike are protected from retaliation and encouraged to report instances of workplace harassment.”
“The recommendations of not pursuing criminal charges in this incident is a direct example of how the “justice” system and old boys club enable rape culture and abuse of power in our government,” said Sen. Katie Muth (D-44). “How many more of us have to be harassed, bullied, assaulted, and raped before real accountability is enforced? The recommendations made by the grand jury should’ve been mandated decades ago. Until there is true, unbiased, outside oversight of the members of the General Assembly, the current system of internal regulation and self-policing will continue to cause more harm, corruption, and wasted taxpayer dollars on salaries for predators and those that enable them.”
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by Christin Brown | Junio 24, 2019 | News Releases
Harrisburg, Pa. − Junio 24, 2019 − Members of the Pennsylvania Senate Democratic Caucus today jointly sent a letter to Governor Tom Wolf requesting a disaster declaration for gun violence in the Commonwealth.
“We believe it is necessary to raise the public’s awareness of the massive loss of human life and the suffering inflicted on affected family, friends and neighbors where this tragedy is unfolding daily,” they wrote. “Just as you have signed six disaster declarations to provide every tool at the Commonwealth’s disposal to combat the opioid epidemic, the death toll and impact from illegal guns should merit immediate and coordinated attention.”
Specifically, a disaster declaration could do the following:
- Establish a task force led by the Department of Health to create and implement a public health framework for addressing gun violence
- Establish a command center in the Pennsylvania Emergency Management Agency to coordinate state and local law enforcement response
- Enhance the Joint-Local State Firearm Taskforce through additional personnel and funding to take illegal guns off the street
- Expand information gathering and sharing between all levels of law enforcement and community groups
- Increase law enforcement presence, both local and state, in targeted areas where gun violence is most prevalent
- Expedite and expand grants and other funding sources for community groups and nonprofit associations with a proven record of violence reduction and prevention
- Provide additional state resources for behavioral and mental health
- Bringing to bear the significant wealth of knowledge and experience in the Departments of Health and Human Services to provide de-escalation and de-confliction training throughout the community
- Require the Pennsylvania Department of Education provide training and professional development on trauma-informed education
View full letter →
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by Christin Brown | Marzo 26, 2019 | News Releases
HARRISBURG, PA, 26 de marzo de 2019 - Los demócratas de la Cámara de Representantes y el Senado de Pensilvania presentaron hoy un paquete de legislación destinado a frenar el acoso en el lugar de trabajo, junto con el apoyo del gobernador Tom Wolf y la defensora de las víctimas Jennifer Storm.
"Como grupo, hemos trabajado con las partes interesadas y los defensores y nuestros propios empleados para elaborar un paquete de legislación que creemos que puede frenar el acoso sexual y hacer más para proteger a sus víctimas", dijo el líder demócrata del Senado Jay Costa, Jr. "Cada uno de nuestros proyectos de ley en este paquete tiene como objetivo ampliar las protecciones a las personas, independientemente del tamaño o tipo de su empleo, porque el tiempo se acaba en el acoso laboral."
"El acoso sexual y la discriminación en el lugar de trabajo no empezaron de la noche a la mañana, por lo que llevará algún tiempo corregirlos adecuadamente", dijo el gobernador Wolf. "No es tan fácil como meter en la cárcel a unos cuantos personajes de renombre. Tenemos que identificar los comportamientos cotidianos y corregirlos si queremos que Pensilvania sea un gran lugar para vivir y trabajar. La gente no puede hacer su mejor trabajo cuando se siente incómoda. Merecen ser tratados de una manera que cumpla las normas básicas que representan cómo queremos que actúen todos los trabajadores de Pensilvania, y deben ser tratados con el respeto y la dignidad que merecen todos los trabajadores de Pensilvania. Por eso abogo por una legislación que impida el acoso sexual y la discriminación en el lugar de trabajo, tanto en el sector público como en el privado."
Los proyectos de ley se presentarán de forma idéntica en cada cámara. Hacen lo siguiente
- Amparar a los contratistas y becarios no remunerados bajo las protecciones de la Ley de Relaciones Humanas.
- Modificar la Ley de Relaciones Humanas para exigir a los empresarios que proporcionen formación a los empleados y que los anuncios normalizados sobre prácticas leales incluyan específicamente ejemplos de acoso y discriminación.
- Exigir formación sobre acoso sexual a los grupos de presión
- Ampliar la Ley de Relaciones Humanas para incluir a los trabajadores domésticos
- Derecho a juicio con jurado, indemnizaciones punitivas y ampliación del plazo de prescripción en virtud de la Ley de denuncia de irregularidades.
- Ampliar la Ley de Relaciones Humanas para incluir la cobertura de cuatro empleados a un empleado, añadir el derecho a un juicio con jurado, daños punitivos, honorarios de abogados y ampliar el plazo de prescripción.
- Exigir a los empresarios que adopten políticas escritas contra el acoso en el lugar de trabajo y procedimientos de denuncia.
- Añadir la orientación sexual y la expresión o identidad de género a la lista de clasificaciones protegidas por la Ley de Relaciones Humanas de Pa. Ley de Relaciones Humanas
"Durante años, el acoso en el lugar de trabajo ha sido un problema generalizado en los campos de carrera en toda Pensilvania y esta nación. Tenemos que aprovechar el impulso y la fuerza del movimiento #MeToo y revertir años de discriminación en el lugar de trabajo", dijo el senador Larry Farnese. "Nadie, independientemente de su género, raza u orientación sexual, debe ser presionado o sufrir el peso del acoso laboral".
"Tenemos que dejar claro que no hay lugar para ninguna forma de acoso y que tampoco habrá tolerancia", ha declarado el senador Wayne D. Fontana. "Con este paquete legislativo, estamos dando pasos definitivos que a la vez envían un mensaje fuerte y lo respaldan con cambios sustanciales sobre cómo se puede prevenir el acoso, cómo se debe manejar y cómo se debe tratar a las víctimas."
"Proteger a los denunciantes del acoso y la discriminación en el lugar de trabajo es una pequeña parte de la solución para cambiar nuestra cultura", dijo el senador Haywood. "Vuelvo a presentar esta legislación sabiendo que nos queda mucho camino por recorrer".
"En el clima empresarial actual, en el que los empresarios recurren a menudo a contratistas independientes y becarios no remunerados para cubrir sus necesidades de personal, la legislación de Pensilvania debe tener en cuenta y proteger a todas las categorías de trabajadores. Todo el mundo tiene derecho a un lugar de trabajo libre de acoso y discriminación", declaró el senador Tartaglione.
Para más información, visite PaSenate.com/harassment
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